Bogotá,
enero 23 de 2007
CARTA
ABIERTA A LOS HONORABLES REPRESENTANTES, A LA COMISIÓN DE MEDIOS Y ARBITRIOS Y
A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y ATENCIÓN
AL
REPRESENTANTE CHARLES RANGEL
Desde los inicios de las negociaciones del
Tratado de Libre Comercio, entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia,
las centrales de trabajadores de nuestro país, manifestamos total oposición al contenido
de este acuerdo, no sólo en lo relacionado con la cláusula laboral, sino con el
conjunto de normas del tratado que resultaría lesivo a los intereses de la
economía nacional, al propiciar la destrucción de nuestro aparato productivo en
los sectores agrícola, industrial y de servicios, con el consecuente incremento
del desempleo y la desmejora en las condiciones de vida y de trabajo para la
población. Por ello, el 18 de mayo de
2004 la AFL- CIO y las centrales
colombianas firmamos una declaración planteando la inconveniencia de este tipo
de TLC.
Al estudiar el contenido de lo acordado,
nos ratificamos en nuestras opiniones, las cuales vemos enriquecidas por los
nuevos análisis hechos por sectores políticos y sindicales de los Estados
Unidos, que se preocupan no solamente por sus efectos en lo laboral, sino por
disposiciones en materia comercial, de propiedad intelectual, de medio
ambiente, entre muchos otros.
Dada la asimetría entre nuestros países y
ante el hecho de que la economía norteamericana tiene un desarrollo que supera
en más de cien veces el de la nuestra, el intercambio comercial en términos equivalentes,
resulta imposible. Las empresas nacionales y las multinacionales instaladas en
Colombia habrán de fundamentar su capacidad exportadora en el abaratamiento,
cada vez mayor, de los costos de la mano de obra y la reducción de los impuestos,
dejando como resultado el aumento de la miseria y la disminución de los
ingresos fiscales que conlleva al recorte de obligaciones sociales del Estado.
La concreción del tratado arrasará con los
puestos de trabajo que todavía sobreviven a tres lustros de apertura del
mercado interno colombiano, que ha significado un aumento del desempleo y la
pobreza.
En los últimos quince años se ha modificado
regresivamente la legislación laboral, a tal punto que los derechos de los
trabajadores para organizarse en sindicatos y negociar colectivamente las
condiciones laborales están prácticamente desaparecidos. Actualmente, de una
población ocupada de 18 millones de habitantes, de los cuales la mitad son
asalariados, hay menos de un millón de trabajadores sindicalizados y menos de
200.000 están amparados por convenciones colectivas, laudos arbitrales o pactos
colectivos.
Además, las formas desreguladas de
contratación, como las agencias de empleo temporal, cooperativas de trabajo
asociado, contratos de prestación de servicios y otras, dominan el mercado
laboral colombiano, en el cual es cada vez más notoria la sobreexplotación del
trabajo de las mujeres y el empleo de niños. La legislación laboral colombiana
y las prácticas empresariales avaladas por el gobierno, se distancian cada vez
más de la normatividad de la OIT.
El TLC estimulará la implementación de
nuevas reformas y prácticas laborales
que arrasen con los derechos que nos quedan. En esta dirección, el
Presidente Uribe ordenó recientemente mediante decreto la liquidación del
Instituto de los Seguros Sociales, ISS, encargado de la salud, las pensiones y
los riesgos profesionales de los trabajadores, para entregar toda la seguridad
social al sector privado.
Esta situación se empeorará por el
encarecimiento de los procedimientos médicos y los medicamentos que se
producirá como consecuencia de los contenidos sobre propiedad intelectual del
TLC. Recientemente una misión del Banco Mundial aconsejó eliminar el salario
mínimo legal, lo que ha encontrado eco en los gremios empresariales y en
círculos del gobierno.
No sobra recordar que además del
desconocimiento de los derechos laborales de los trabajadores colombianos,
persiste en nuestro país y como parte de la misma campaña antisindical, la
violación permanente de los derechos humanos, expresada en los asesinatos de
dirigentes y activistas sindicales, en el desplazamiento forzoso y el exilio de
miles de trabajadores por amenazas contra sus vidas.
Preocupa profundamente que con la
previsible disminución de puestos de trabajo en el área rural que provocará la
importación masiva de alimentos, un porcentaje importante del campesinado
colombiano se verá obligado a dedicarse a los cultivos ilícitos y a otras
actividades delincuenciales para subsistir.
No nos oponemos al fortalecimiento del
comercio y los intercambios económicos, pero esto debe darse dentro del marco
del respeto a la soberanía, el beneficio reciproco y el fomento del desarrollo
productivo, aspectos que no contiene el TLC
Por todas estas razones las Centrales
Sindicales colombianas exhortamos al Congreso norteamericano a no ratificar el
Tratado de libre Comercio, que los gobiernos de Colombia y Estados Unidos han
acordado.
Atentamente,
CARLOS RODRIGUEZ DIAZ JULIO
ROBERTO GOMEZ E.